“…Cuando
los causes se reventaron, cuando de pronto pareció todo posible, cuando de
pronto el pueblo se encontró con su fuerza y en completa libertad, no se
dirigió contra ninguna persona, no quiso cobrar vidas, de pronto se contentó
con comida y ropa, luego buscó realizar viejos sueños: un buen colchón,
artefactos eléctricos, bastante licor y finalmente la cosecha, para compartir,
cambiar y vender. En la ciudad reinaba el miedo y en el barrio la alegría del
botín. La mercancía, ese fetiche inalcanzable, yacía por fin a sus pies,
sometida sin ningún esfuerzo. Ese fue señor, el día increíble en que los pobres
compraron sin plata y mandaron los que no tenían ningún poder.”Pedro Trigo.
“Salmo en la revuelta”
Revista Sic 513.Centro Gumilla. Abril 1989
25 AÑOS DE LA EXPLOSIÓN SOCIAL Y LA MASACRE DEL CARACAZO.
Esta edición de nuestra revista esta
dedicada a los sucesos ocurridos en
Guarenas, Guatire, Caracas y las principales ciudades del país (La Guaira , Barquisimeto, San
Cristóbal, Valencia, Maracay, Ciudad
Guayana, CD. Bolívar, Maracaibo, Valencia, Barcelona, Puerto La Cruz , Cumaná, Mérida, Puerto
Cabello, etc. los días 27 y 28 de Febrero de 1.989; así como la semana
subsiguiente del mes de Marzo del mismo año. Dichos acontecimientos son conocidos popularmente
como EL CARACAZO y constituyeron una
verdadera explosión social de protesta y masiva rebeldía popular ante la
aplicación, por parte del gobierno de Acción Democrática, presidido por Carlos
Andrés Pérez (1.998/2.004), de las recetas del Fondo Monetario Internacional
(F.M.I.) y el Banco Mundial (B.M.).
Dichas medidas se dieron a
conocer en los ámbitos de la tecnocracia
nacional e internacional como los “Programa de Ajustes Estructurales”. Las
mentadas “Políticas de Shock” pregonadas por el Premio Nobel de Economía Milton
Friedman y su “Escuela de Chicago” emuladas en Venezuela por los denominados
“IESABOYS”, la ONG CEDICE
Y EL GRUPO EMPRESARIAL RORAIMA, entre
otros sectores de las clases dominantes para la corrección de los denominados
“Desequilibrios Macroeconómicos” resultantes de la crisis que en esa época
vivía el Sistema Capitalista. Políticas y Programas estos inspirados en una de
las más descarnadas ideologías con la
cual la Burguesía
y el conjunto de las clases dominantes han pretendido reordenar, legitimar y
justificar su sistema de explotación y opresión contra los Trabajadores y el
conjunto de la humanidad.
El modelo de desarrollo impuesto a la
sociedad venezolana, luego de la aparición y predominio en nuestra economía, de
la inmensa riqueza petrolera permitió el surgimiento de una Burguesía
Parasitaria que atesoró sus riquezas
mediante “el reparto del botín de la renta petrolera”. Su inserción en la rama
mas desarrollada y monopolizada de la economía mundial (petrolera) le garantizó
a los diferentes gobiernos que
administraron el Estado Capitalista (bajo la forma de Dictadura Militar o de
Democracia Burguesa Representativa) disponer de una elevada renta
petrolera permitiéndoles evadir, por
varias décadas, la aplicación de las políticas neoliberales pregonadas por los
organismos multilaterales para superar la crisis mundial en los centros
hegemónicos y la periferia dependiente del sistema capitalista. La búsqueda del
anhelado modelo de “desarrollo industrial” pretendió alcanzarse por la vía de
la política de “Sustitución de Importaciones”, bajo la orientación de la CEPAL con un estrepitoso
fracaso, privilegiando el desarrollo del Capitalismo de Estado orientado a
fortalecer el circuito monopólico de acumulación de capital en manos privadas.
Los partidos Acción Democrática y
Copey en sus sucesivos gobiernos combinaron esas políticas con otras de marcado
carácter populista, a la par que cultivaron y desarrollaron prácticas
clientelares y corruptas que envilecieron progresivamente la gestión gubernamental.
Las gestiones presidenciales de Luis Herrera Campins (COPEY. 1979/1984) y de Jaime Lusinchi (AD.1984/1989) que
antecedieron al segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (AD. 1998/2003)
incluido el de su primera gestión (AD.1973/1978); no solo no fueron capaces de
romper la dependencia nacional de la renta petrolera y de la defensa de los
intereses del imperialismo norteamericano, sino que al mermar dicha renta,
incurrieron en graves déficits fiscales que los condujeron a dar inicio a la
aplicación de políticas neoliberales y a
un gigantesco endeudamiento del
país. Aunado a un progresivo abandono de las políticas publicas de “Seguridad
Social” típicas del “Estado Benefactor” capitalista. Hasta tal punto llegó la
situación que los propios organismos multilaterales calificaron a la década del
ochenta como “la década pérdida”. Prácticamente todos los indicadores del
desarrollo económico y social adquirieron carácter regresivo generalizándose el
subdesarrollo (desempleo, desnutrición, exclusión educativa, del acceso a la
vivienda y a la salud, inseguridad, etc.) y la pobreza, para la inmensa mayoría
de los venezolanos.
De manera insólita un país que dispuso
por décadas de una extraordinaria riqueza fue conducido a una situación de
crisis generalizada y la salida para restablecer los llamados “Desequilibrios
Macroeconómicos, vale decir la dinámica del proceso de acumulación monopólica
de capital en manos de la burguesía venezolana, como socia del capital
trasnacional, no fue otro que descargar las consecuencias del desastre
económico, social y político, por ellos generado, sobre los trabajadores y la
inmensa mayoría de la población. Los intelectuales orgánicos de las clases
dominantes se habían encargado de convencer al liderazgo político de la necesidad
de desmantelar el Capitalismo de Estado alcanzado y aplicar las políticas
neoliberales, consistentes en los procesos de privatización y en la aplicación
de la “Libertad de Mercado” con lo cual el supuesto “libre juego de la oferta y
la demanda” y “la mano invisible del mercado” generaría progreso y desarrollo
nacional. La obtención de los recursos financieros para tales propósitos
implicó arrodillarse ante las condiciones impuestas por el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial. El conjunto de medidas neoliberales del
Programa de Ajustes conocido también como “el Paquete” implicaba:
-
Someterse a un programa bajo supervisión del
Fondo Monetario Internacional con el fin de obtener aproximadamente 4 mil 500
millones de dólares en los 3 años siguientes..
-
Liberación de las tasas de interés activas y
pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en
alrededor del 30%.
-
Unificación cambiaria con la eliminación de
la tasa de cambio preferencial.
- Determinación de la tasa de cambio en el mercado
libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la
nueva tasa flotante.
-
Liberación de los precios de todos los
productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica.
- Anuncio del incremento no inmediato, sino
gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable,
electricidad y gas doméstico.
- Aumento anual en el mercado nacional durante
3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina.
-
Aumento inicial de las tarifas del transporte
público en un 30%.
- Aumento de sueldos en la administración
pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo..
-
Eliminación progresiva de los aranceles a la
importación.
-
Reducción del déficit fiscal a no más del 4%
del producto territorial bruto.
-
Congelación de cargos en la administración
pública.
El 27 de Febrero de 1.989 la protesta
que comenzó en la ciudad de Guarenas, como una reacción de los estudiantes y el pueblo ante el
incremento desmesurado del pasaje hacia Caracas y al ser reprimida
violentamente por la
Policía Metropolitana y la Guardia Nacional , se convirtió
progresivamente en una protesta popular generalizada. De la protesta popular el
pueblo pasó a los saqueos de los comercios en buena medida responsable del
descarado acaparamiento de los bienes de primera necesidad. El gobierno de Carlos
Andrés .Pérez (AD) desató, contra el pueblo indefenso, la más brutal represión,
conocida por la historia política venezolana, generando como consecuencia una
verdadera masacre en la cual la Policía Metropolitana
(P.M.), la Policía
Técnica Judicial (PTJ.) y los Cuerpos de Seguridad del
Estado: Dirección de Inteligencia Militar (DIM.); la también extinta Dirección
de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP); la Guardia Nacional y el Ejercito,
haciendo uso de armas de guerra, dispararon cerca de 4.000.000 de balas. Se
aplicó la denominada “Ley de Fuga” a los
presos del Reten de Catia y el asesinato masivo de indigentes en las calles de
Caracas y otras ciudades, así como también se puso en práctica una verdadera
razia de allanamientos y represión
contra el Movimiento Estudiantil y contra los militantes de las organizaciones
revolucionarias a quienes los cuerpos represivos, la Guardia Nacional y el Ejercito
calificaban como “dirigentes de un plan
subversivo para atentar contra el Sistema Democrático”.
Se aplicó, como nunca antes, indiscriminadamente, la violencia criminal
contra el pueblo, sin distinguir familias enteras que se encontraban en sus
residencias, niños, mujeres e incluso ancianos que quedaron atrapados en medio
del “Toque de Queda” impuesto por la suspensión de las Garantías
Constitucionales decretada por el gobierno.
Fue de tal magnitud la violencia
represiva desatada y sus consecuencias, que el propio Ministro de Relaciones
Interiores Alejandro Izaguirre, al dar el Primer Parte Gubernamental, a la
opinión Publica Nacional, no pudo soportar sus contradicciones morales internas
y sufrió un desmayo que le impidió leer el comunicado oficial. La versión dada
en rueda de prensa, por el propio Presidente de la República Carlos
Andrés Pérez, solo reconoció cerca de cuatrocientas (400) victimas con el
descaro de sostener que “habían sido victimas de su propia violencia al lanzar
piedras contra las vidrieras de los Bancos”; cuando diferentes instituciones de
Defensa de los Derechos Humanos como los medios de Comunicación Social
nacionales e internacionales indicaban, que la cifra de muertos podía situarse
entre 3.000 y 5.000 personas.
El papel de los denominados Medios de
Comunicación adquirió frente a los sucesos del Caracazo una doble faz. Los días
27 y 28 cubrieron ampliamente los sucesos entrevistando incluso a algunos de
los participantes en las acciones que se desarrollaban. Posteriormente luego de
la suspensión de las Garantías Constitucionales y la declaración del “Toque de
Queda” mediante la aplicación del Plan Ávila desarrollaron una feroz campaña
contra el pueblo presentándolo como “desadaptados”, “extranjeros”, “Turbas” sin
cuestionar el Paquete de Medidas del Ajuste Neoliberal impuesto al país.
Una vez reestablecido “el orden” el
gobierno procedió a reestructurar exprograma de Ajustes manteniendo incólume
los compromisos que había firmado en la “Carta de Intensión” firmada con el FMI
el mismo día 28 de Febrero, en medio de la cruenta represión contra el pueblo.
Posteriormente fueron localizados en el Cementerio General del Sur de Caracas,
en el sitio conocido como “La
Peste ” las Fosas Comunes en las cuales los Organismos de
Seguridad del Estado, en medio de la oscuridad
procedieron a sepultar un número aún no determinado de victimas. La
presión del Movimiento Popular y de las Organizaciones de Defensa de los
Derechos Humanos permitieron la intervención de la Fiscalía General
de la República
y con ello la identificación de aproximadamente un centenar de los cuerpos
localizados.
Los lamentables y dramáticos sucesos
del 27 y 28 de Febrero de 1.989 marcaron el punto de quiebre definitivo del
Sistema Puntofijista que se había desarrollado mediante la combinación del
populismo, las mascaradas electorales y una permanente represión contra el
movimiento popular. La ilusión de armonía y el falso consenso que se imponía
desde el gobierno mediante la mediatización de las organizaciones gremiales y
sindicales, controladas bien por AD, o bien por COPEY quedó herida de muerte. Los
partidos defensores del sistema capitalista demostraron que, aún cuando podían
lograr capitalizar los votos mayoritarios de la población, carecían de vínculos
orgánicos con ella y no representaban su aspiración a una vida genuinamente
democrática y de justicia social. Las clases dominantes y sus representantes en
los medios de comunicación, en las universidades y a través de los partidos
políticos hicieron ver en la opinión pública
que estaban en disposición de dar inicio a una rectificación. Sin
embargo, en el corto tiempo, continuaron con las mismas prácticas que
caracterizaron históricamente al funcionamiento de su sistema de dominación y
opresión.
La izquierda revolucionaria
profundamente debilitada, política y organizativamente, por las derrotas
sucesivas y las divisiones, durante
varias décadas, fue sorprendida por la explosión social del Caracazo y
aún cuando algunos de sus cuadros de base se incorporaron a la protesta popular
y trataron de dotarla de direccionalidad, carecían de la preparación y
organización para lograrlo.
Probablemente, el mayor impacto y el mayor efecto de esos graves
acontecimientos, además de sus influencias dinamizadoras en el propio
Movimiento Popular, ocurrieron dentro de las Fuerzas Armadas del Estado
Capitalista en crisis. Tanto por su composición de clases (la mayoría de sus
miembros proceden de los sectores populares), como por su papel histórico, en
la conformación de nuestra nacionalidad, los militares venezolanos han cumplido
un papel protagónico de carácter político en nuestra historia. En diferentes
etapas de la vida nacional asumieron la
función de gobierno bajo la forma dictatorial y también en diferentes
oportunidades, se pronunciaron mediante rebeliones propiamente militares o
cívico militares, frente al sistema de dominación imperante. Contra el naciente
gobierno democrático burgués del Pacto de Punto Fijo, en el periodo de Rómulo
Betancourt se sucedieron cinco Rebeliones Militares. Al decir del Comandante
Hugo Chávez Frías, máximo líder de la Rebelión del Cuatro de Febrero de 1992, y de los Comandantes de los militares
rebeldes, de la segunda Rebelión de ese año 1992, ocurrida el 27 de Noviembre;
los miembros de la joven oficialidad venezolana, fueron conmocionados por los
sucesos del Caracazo y por el papel represivo cumplido por las Fuerzas Armadas,
contribuyendo significativamente a acelerar sus planes de la Rebelión que venían
planificando en la última década.
Durante los años que siguieron al Caracazo, se
mantuvo en la opinión pública nacional la inquietud acerca de la posibilidad de
que un acontecimiento similar pudiera repetirse. El triunfo del Comandante
Chávez el año 1998, los procesos sociopolíticos que se desarrollaron a partir
de su ascenso a la presidencia y el avance de la Revolución Bolivariana ,
con las innumerables conquistas y logros alcanzados bajo su extraordinario
liderazgo, han venido desmontando el sistema de exclusión social y
política que prevaleció durante las
décadas de dominio de la Democracia Burguesa
Puntofijista. Sin embargo, las fuerzas sociales, políticas y militares de la Revolución Bolivariana
tienen el deber de profundizar en el análisis de aquellos acontecimientos y
desarrollar las capacidades criticas y autocríticas necesarias a todo proceso
de transformación revolucionaria, para ampliar y profundizar cada vez más el
Proceso de Transformación Nacional en Marcha y sus capacidades para
interpretar, organizar y movilizar a nuestro pueblo, para que se convierta cada
vez más en el verdadero Sujeto Protagónico planteada en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y en la construcción del Socialismo del Siglo XXI. Ello
conjuntamente con la consecuencia en la teoría y en la practica con el legado
de nuestro Comandante Supremo constituyen los mejores antídotos para evitar la
repetición de aquellos infaustos sucesos y para garantizar la aplicación de la
orientación que nos dejara con sus últimas palabras… UNIDAD, BATALLA Y VICTORIA.
Soc.
Gilfredo Escobar Muñoz.
Coordinador
Nacional de Formación Sociopolítica. PDVSA AGRICOLA.
Cabudare
4 de febrero de 2.014